La SPIA califica de urgente que el Gobierno cancele las facturas vencidas para aliviar la carga financiera del sector.
Con el pasar de los días se suman nuevas voces que piden al Gobierno que levante las restricciones y el confinamientos de cinco meses impuesto a raíz de la pandemia respiratoria del coronavirus (Covid-19).
De acuerdo con el calendario de apertura fijado por el Gobierno, el sector de la construcción estaba ubicado en el bloque 3, y se esperaba que para el mes de julio estuviese activo, pero un incremento en el número de contagios frenó estos planes. El Gobierno decidió cambiar la estrategia de abrir bloques y se decantó por proyectos específicos o la reapertura de ciertas actividades y en zonas geográficas específicas.
En medio de la pandemia las empresas que suministran bienes y servicios a la construcción, aseguran que cuentan con las medidas sanitarias para retomar sus actividades.
En una carta fechada el 17 de agosto la Asociación Panameña de Productores de Concreto (Apacreto) pidió al presidente Laurentino Cortizo la apertura del sector de la construcción “ya que los daños ocasionados por el paro y las referidas medidas de impedimento de operaciones perjudican cada vez más y en el mismo sentido dificultan la recuperación económica de todos los sectores afectados”.
El lunes 17 de agosto, unos 11 proyectos privados reactivaron su construcción, luego de recibir autorización del Ministerio de Salud (Minsa), que explicó que las obras tienen un avance del 98%.
Las obras autorizadas fueron los proyectos Verde Mar, en La Chorrera; el Colegio Panamá, en Costa Sur, y siete edificios: San Roque y World Wide, en Vía España; Panorama y Wind Rose, en Coco del Mar; Solanas y Albatros, en Santa María, y Condado Garden, en Condado del Rey, así como Pacific Center, en Paitilla, y Pacífica Salud, en Costa del Este. Estos dos últimos son proyectos hospitalarios.
Una semana antes, el 10 de agosto el Minsa publicó en Gaceta Oficial la resolución 880-A que extendió por 15 días más la suspensión que pesa sobre el sector de la construcción desde el 24 de marzo. Con la nueva prórroga, la suspensión quedó vigente hasta el 25 agosto.
Apacreto, que reúne a 16 empresas a nivel nacional, señala en la carta enviada a Cortizo que mantener vigente la suspensión sobre la construcción alarga el estado de miseria en el que viven más de 12 mil familias que dependen de las compañías afiliadas a este gremio.
“Continuar la suspensión temporal de la actividad de la construcción condena a las familias aquí contabilizadas a vivir de manera miserable, dependiendo de un bono del Estado que sabemos todos es insuficiente y que no cubre el costo de la canasta básica de alimentos”, indica la carta que lleva la firma de Alfredo Fonseca Mora, presidente de Apacreto.
Empresas afiliadas a este gremio como Argos y Cemex han indicado que sus plantas están operando por debajo del 45% y estiman que no superarán el 50% para fin de año. El sector de la construcción representa el 22% del producto interno bruto, y aunque es inferior al 30% de hace unos años, su paralización significa miles de contratos suspendidos.
Al permitir la activación de la construcción, señala Apacreto, disminuirá la movilidad de personas que diariamente salen de sus casas a trabajar en la informalidad, que podría ser uno de los factores que han incidido en el incremento en el número de contagios de la Covid-19.
“Cuando las personas trabajan en un empleo formal, los empleadores son capaces de proporcionar las condiciones seguras solicitadas por el Minsa, y por ende los empleados y personas permanecen más tiempo en sitios con condiciones seguras”, sugiere el gremio.
Financiamiento
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) también redactó un documento en el que plasma una serie de recomendaciones que debe seguir el Gobierno para reactivar el sector de la construcción.
La SPIA indica que es prioritario reactivar los proyectos que estaban activos antes de la pandemia, porque hay casos donde el contratista abandonó la obra como el alcantarillado de David, provincia de Chiriquí y donde la aseguradora no se ha hecho responsable del contrato.
El pago de facturas vencidas se hace prioritario para aliviar la carga financiera de las empresas, que a su vez no han pagado a los subcontratistas, alargando la cadena de impagos.
Adicional a las medidas inmediatas, la SPIA sugiere crear una lista de proyectos que pueden construirse en 2021 y 2022 y aprovechar los meses que restan del 2020 para adelantar la confección de los planos de las obras a ejecutar en el corto plazo.
La construcción de obras bajo el sistema de Asociaciones Público Privada, también es una herramienta que puede impactar positivamente la reactivación económica del país, señala la SPIA.
Tomado de: https://www.prensa.com/impresa/economia/concreteras-se-unen-al-llamado-de-apertura/